Río Ceballos, 15 de agosto de 2016
Tuve Que Pagar Para Demostrar
Que No Soy Un Degenerado
Soy docente en escuelas públicas hace más de 11 años. A su vez, en mis 41 años de vida, nunca tuve entradas a la policía, por lo que no tengo antecedentes ni civiles, ni penales en mi contra. Pese a esto, tanto a mí, como a miles de cordobeses que se encuentran en similar situación, el “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, de la provincia de Córdoba, nos obligó a demostrar que no estamos inscriptos en el “Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual”.
Por lo que me vi obligado a realizar los siguientes trámites, que me insumieron una costa de dinero, que no merecía pagar, amparándome en la “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, que en su artículo XXVI dice: “Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable.” Tanto como en la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, que en su artículo 11 dice: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.
El presumirnos a los trabajadores como “Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual”, es hacer juicio previo sobre: nuestra dignidad como personas, integridad física, psíquica y moral, nuestro honor; y a su vez, al obligarnos a realizar este trámite pago, como condición para continuar en nuestro trabajo, es ir contra la Constitución Nacional,(C. N.) que en su artículo 14 dice: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar”… Tanto como al artículo 14 Bis, (C. N.), que ora: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador… estabilidad del empleado público”…
Y como si fuera poco, también esto viola a la misma Constitución Provincial, en: el art.19: “Todas las personas en la Provincia gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio: 1. …a la integridad psicofísica y moral…. 2. Al honor…y a la propia imagen”. Art. 23, inciso 13: “A la estabilidad en los empleos públicos de carrera, no pudiendo ser separados del cargo sin sumario previo, que se funde en causa legal y sin garantizarse el derecho a la defensa. Toda cesantía que contravenga lo antes expresado, será nula, con la reparación pertinente”.
Como el ministerio arriba nombrado, no tuvo en cuenta todos los artículos que rigen la vida de un ciudadano y trabajador en Córdoba, Argentina, tuve que:
Ir al sitio web de dicho ministerio y bajar la “Liquidación Tasa Retributiva”,- como no tengo internet en casa, tuve que ir a un cyber y pagar $10 de navegación e impresión); luego llevé ese formulario al banco y pagué $85.
Como vivo en las sierras chicas, tuve que ir y volver al centro de la capital provincial,( lo que me insumió $52 de transporte interurbano, más $9,30 de transporte urbano). Una vez en el ministerio tuve que entregar el comprobante de pago, más una fotocopia de mi DNI, (que me costó $1). Paso seguido, me dieron un número para que fuera en quince días a retirar el certificado.
Pasado ese tiempo, volví a tener que invertir más dinero de mi bolsillo para el transporte urbano e interurbano, (es decir $61,30).
Una vez que tuve el bendito certificado, que demostraba que no era un degenerado, me anoticié, que tenía que hacer certificar por la policía de mi pueblo, tres copias del mismo, (una por cada escuela en la que trabajo). Lo que costó: $10 pagarle a la chica del cyber que está frente a la comisaría, para que me dé los tres timbrados, y $25 por cada timbrado a hacer firmar y sellar por la autoridad policial, es decir $75 entre los tres timbrados.
Si sumamos todo el dinero invertido,- dejando de lado el tiempo que este trámite me insumió para mantener un puesto con un magro sueldo, tuve que pagar para demostrar mi decencia como persona: $303,65,- a marzo de este año-.
Por lo que, señor Gobernador Juan Schiaretti: ¿No era más legal y práctico hacer que toda institución o empresa de la provincia que usted crea pertinente, pudiese acceder gratuitamente a dicho registro web, puesto que creo que somos más los ciudadanos decentes que aquellos que han sido “Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual”?… Somos cuatro millones de cordobeses, ¿A tantos condenaron por esta causa, o es que prefirió buscarse un ingreso extra insultándonos implícitamente a todos los cordobeses,- nativos o por opción-, que nos ganamos el pan decentemente?
Lic. Prof. Eduardo Ariel Rodríguez